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El INDEPABIS y la Protección del Consumidor en Venezuela

Publicado por: admin el 22 February, 2011 en Destacado - Comentarioss: Sin Comentarios »

La regulación de protección al consumidor cuenta con suficiente desarrollo normativo y con numerosas experiencias doctrinarias que pudieran ser consideradas como base fundamental para el diseño y la instrumentación de un aparataje institucional y normativo robusto, coherente y eficiente. Más allá, Venezuela había contado con una de las escasas experiencias robustas y de mayor tradición institucional en protección al consumidor en Latinoamérica, conjuntamente con México y Colombia, países en los cuales las leyes de protección a los consumidores datan de mediados de la década de los setenta. Los principios de restablecimiento o resguardo de los principios de igualdad y la protección de la libertad de las partes, constituyen fundamentos de la regulación de protección al consumidor, producto de la sociedad de consumo y de las democracias. Lo anterior no es poca cosa si consideramos que la regulación de protección al consumidor debe su aparición a la masificación del consumo en las economías capitalistas y a las instituciones y a los principios contenidos en los sistemas políticos democráticos. Es por ello que el resto de los países de Latinoamérica tuvieron que esperar más allá de mediados de la década de los noventa, durante la cual comenzara el proceso de apertura democrática y se hiciera más profundo el establecimiento de políticas económicas de apertura de  mercado.

El nuevo presidente del INDEPABIS aseveró, según reseña una nota publicada en el portal Web de El Universal el lunes 21 de febrero de 2011,  que “el objetivo del INDEPABIS es crear estabilidad y garantizar a la población acceso a los bienes y servicios de primera necesidad, y evitar que se registren ilícitos económicos como la especulación y el acaparamiento”.

La regulación de protección al consumidor es subsidiaria a la regulación de competencia, nunca sustituta sino complementaria. Lo que ha ocurrido en Venezuela en materia de regulación de protección al consumidor resulta lamentable porque se ha distorsionado la función de esta. La regulación de protección al consumidor no tiene por objeto proteger el acceso a los bienes y servicios, ni tampoco evitar o sancionar ilícitos económicos del tipo especulación, acaparamiento y boicot. El objetivo de la regulación de protección al consumidor es resguardar la buena fe comercial, la información completa que permita a los consumidores tomar decisiones informadas a favor de sus gustos, preferencias e intereses y evitar prácticas desleales que terminen afectando al consumidor por la toma de decisiones no eficientes o en su contra. El acceso a los bienes y servicios depende de un gran número de determinantes, algunos, responsabilidad del Estado y del Gobierno, como por ejemplo una gestión fiscal y monetaria responsable que no genere presiones inflacionarias, así como políticas de empleo y resguardo de la seguridad jurídica para la instalación y fomento de empresas y de empleos sostenibles. En materia regulatoria el acceso a los bienes y servicios suele atenderse desde dos ámbitos complementarios, distintos a la regulación de protección al consumidor. Primero, en el caso que exista una falla de mercado significativa, como la existencia de un monopolio natural, se justificaría el diseño y la instrumentación de una regulación económica, basada en incentivos para evitar distorsiones adicionales. Lo anterior no significa ni estatización, ni capitalismo de Estado, ni supresión de los derechos de propiedad y la actividad económica privada. Segundo, en el caso de mercados competitivos o potencialmente competitivos, se requiere de la identificación de barreras estructurales a la competencia, para su desmantelamiento, coadyuvando a la conquista de mayor eficiencia económica, tanto en su concepto asignativo como productivo, es decir, mayor demanda satisfecha y mayor producción a menores costos para la sociedad, respectivamente. Complementariamente, se justifica la existencia de una regulación de competencia que resguarde a la eficiencia económica, dado que esta constituye un bien social, permitiendo a final de cuenta la mayor demanda satisfecha posible. Así las cosas, debe resaltarse que los conceptos de ilícitos económicos como la especulación, el acaparamiento y el boicot, no constituyen ilícitos de la materia regulatoria de protección al consumidor sino a la regulación de competencia, la cual ya cuenta en Venezuela con una normativa, la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

El país atraviesa un enorme debilitamiento institucional, en este caso manifiesto a través de la tergiversación de la administración y la naturaleza regulatoria, entre otros, de los entes administrativos encargados de proteger a la eficiencia económica y al consumidor final. La introducción de más de un objetivo regulatorio en un mismo instrumento normativo, ajeno en ocasiones a la norma en cuestión, ha creado conflictos de intereses regulatorios que terminan generando escasa predictibilidad de la norma, una administración discrecional de la misma, y lamentable y peligrosamente, la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa sustituido por medidas preventivas desproporcionadas que parten de la presunción de culpabilidad de los agentes económicos, sin que exista mayor asidero de resguardo del interés público.

La actual Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, excede la materia relativa a la protección del consumidor, lo que ha hecho que su administración, dado que los recursos institucionales públicos son limitados, desatienda la verdadera materia de protección al consumidor, a la par que se vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa. En este sentido, tendría que ser materia para la Asamblea Nacional delimitar correctamente la naturaleza y el campo de acción de esta regulación, fortaleciendo la protección de los consumidores en Venezuela.

Por Rafael González

Experto en Regulación Económica y Regulación de Competencia.

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